Nuestra salud está en venta

No es necesario ser agorero para ver la salvaje campaña de privatización que se nos viene encima a partir de noviembre. Pero por mucho que repitan nuestros políticos hasta el hartazgo que las débiles arcas estatales no soportan el gasto de una sanidad pública según el modelo actual, este argumento no dejará de ser una burda farsa para ocultar un tétrico camino hacia la privatización que llevamos ya muchos años transitando.

Aparte de las discusiones pertinentes sobre el origen y la realidad misma de la crisis financiera actual, ésta no deja de ser una simple coartada para hacer el asalto final a un sistema público que, con todos sus defectos, ineficiencia y descoordinación necesarios de corregir, sigue siendo modélico a nivel mundial. Una coartada que le es útil a nivel mediático (gracias al control de los medios) para ocultar a la población las verdaderas intenciones, que no son recientes sino que vienen persiguiéndose, más cautelosamente que en los últimos meses, desde hace ya mucho tiempo.

Por supuesto que sanidad y educación suponen las principales partidas presupuestarias. No es de extrañar. También son las áreas de mayor interés para los españoles. En 2010 la sanidad lo era para el 29,2% y la educación para el 22,7% (mientras, que, por ejemplo, la seguridad ciudadana lo era para el 7,8%, la defensa para el 1,1% o los transportes para el 0,8%. Datos del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, publicados en abril de 2011). Y tampoco duda nadie -o no debería hacerlo- que no son gastos sino inversiones estratégicas para el futuro del país y la equidad social. Pero tampoco son, pese a lo abultado de su presupuesto, la causa de la situación financiera actual. Hay muchos foros donde encontrar las causas de la crisis. Lo que sí supone este volumen de gasto es un pastel demasiado grande como para no atraer la codicia de los especuladores que se han lucrado masivamente a costa de llevarnos a donde estamos y que, especialmente ahora que se les ha acabado el lucrativo negocio de las infrestructuras faraónicas sin sentido, buscan hincar sus garras en él, convirtiendo un derecho de todos en un lucroso negocio para unos pocos.

Ésta no es una aspiración nueva. Muy al contrario, es una idea que nace ya con el triunfo del neoliberalismo radical de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en el Reino Unido en los años ochenta. Y que asalta a la Unión Europea desde su mismo nacimiento con el Tratado de Maastritch el 7 de febrero de 1992, secuestrado ya por los grupos de presión neoliberales que han tramado la actual unión financiera de una Europa carente de cualquier unidad política que le sirva para hacer frente a los “mercados” que han acabado por desangrarla. Este Tratado de Maastritch es el que, argumentando la necesidad de crear las condiciones necesarias para la moneda única, establecía que el gasto público de cada país no superaría el 3% del PIB ni un endeudamiento público superior al 60%. Pero al mismo tiempo, y sin que la ciudadanía se percatase entonces de lo que esto iba a suponer, establecía un sistema de contabilidad que no contemplaba como “endeudamiento público” el contraido por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con el presupuesto público, o por servicios contratados por el sistema público con empresas privadas. Y de aquellos polvos, estos lodos.

Ni la mayor parte de los ciudadanos quisieron entonces darse cuenta de las intenciones de este incipiente mercado europeo ni lo difundieron los medios o los políticos responsables, que sí eran muy conscientes del compromiso que adquirían. Ésta como otras decisiones de aquel tratado envenenado respondían al interés en derribar las trabas existentes para que los mercados hincaran el diente en un pastel tan jugoso como la sanidad o la educación en unos países donde un avanzado estado del bienestar ponía freno a su avaricia, precisamente por la saturación de la demanda con unos servicios públicos casi universales y de calidad. Un empeño avalado por el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial (con unas intenciones explícitas publicadas en su Informe sobre la financiación de los Servicios sanitarios de 1987 o en su Informe para el desarrollo del Mundo de 1993) o la Organización Mundial del Comercio, firmante en 1994 del Acuerdo general de comercio de servicios, acuerdo multilateral que apostaba por la liberalización y mercantilización del sector servicios y que comprometía, como uno de sus principales puntos, a los gobiernos firmantes a contraer compromisos de liberalización total o parcial en sectores de servicios esenciales y estratégicos como la sanidad o la educación.

Desde entonces todos los gobiernos españoles, tanto populares como socialistas, han sido fieles a los compromisos suscritos con sus dueños financieros y, cada vez con menor cautela, han ido dando los pasos necesarios para ir desmantelando el sistema público recién consolidado para preparar el asalto final que nos espera en los próximos meses. No era una tarea fácil porque los sistemas nacionales de salud europeos, uno de los pilares del Estado de Bienestar levantados a lo largo de muchos años gracias a las cotizaciones sociales, parecían una barrera infranqueable a la entrada del interés privado en el sector de los servicios públicos. Especialmente en estados nominalmente democrátios donde este desmantelamiento debía ser avalado en las urnas.

Pero los pasos diseñados en la hoja de ruta programada en los noventa para alcanzar el entonces difícil sueño de los especuladores de hacerse con el negocio de la salud se vienen cumpliendo paso por paso. Primero la separación entre la financiación y la provisión de servicios. Segundo la fragmentación del Sistema Nacional de Salud. Tercero la permeabilización de la provisión de servicios al sector privado, mediante dos estrategias distintas: privatizando la gestión y la inversión de los centros públicos, primada especialmente por el PP, o la subcontratación o externalización de servicios, que ha sido la fórmula preferida por el PSOE en los últimos años.

Llegados a este punto es el momento de dar el siguiente paso de una estrategia perfectamente planificada desde el inicio, la reducción de la oferta y la demanda con la coartada pertreñada en Maastritch e implantada ya hasta en nuestra Constitución del techo de déficit público (déficit contable que no gasto real, como ya vimos). Este cuarto paso que entonces se nos antojaba inviable ya lo tenemos sobre nuestras cabezas: “supresión de la universalidad de la asistencia pública y gratuita (este paso en nuestro país no será necesario porque pese a la idea general de su existencia y a una cobertura asistencial cercana al 100% la ruta programada ha abortado siempre los intentos de hacer efectivo el objetivo de aquella Ley General de Sanidad de hacer de la asistencia sanitaria un derecho universal para todos los residentes en España), la restricción de la cartera de servicios prestados a un paquete básico, la introducción del copago (que nunca ha llegado a suprimirse de la asistencia farmacéutica) y la reducción del número de camas y personal sanitario.”

Llegados a este punto, no por una crisis coyuntural reciente sino fruto de una ruta perfectamente planificada y llevada a cabo desde hace dos décadas, estamos preparados para el último paso, que tendrá lugar en la próxima legislatura si no lo evitamos: la venta de la infraestructura sanitaria de provisión de servicios al sector privado dejando al sistema público como entidad financiadora (de determinados servicios a una parte de la población) y autoridad sanitaria.

Es la última oportunidad de evitar que los especuladores hagan negocio vendiendo nustra salud. Ahora o nunca.

Publicado en eQuo Cuenca

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