Repagamos dos veces, con los impuestos y en el momento del servicio

Copago/ Castilla-La Mancha especialmente afectada

Entrevista a Jose Andrés Guijarro, médico, miembro de ATTAC Castilla-la Mancha
¿Copago o repago? 

Es generalizado un rechazo incluso al mismo término de copago, en cuanto que crea maliciosamente la falsa idea de que una parte del coste lo paga el usuario y la otra el Estado. Falsa porque esa cuota aportada por el Estado no procede de un tercero inmaterial sino de los mismos usuarios, vía impuestos. Por eso suele utilizarse el término repago, ya que supone el pago por los servicios sanitarios por dos vías: cuando contribuye con sus impuestos y cuando necesita de los servicios. Sin embargo, tampoco es correcto afirmar que se paga dos veces por lo mismo. La parte que se aporta en el momento de su consumo deja de hacerse por la vía de los impuestos.

De hecho en el caso de los fármacos excluidos de la financiación pública, unos 465 más desde el último 1 de julio, el 100% de la contribución económica se realiza en el momento de necesitarlo. En estos casos no puede hablarse de copago ni repago, pero es el caso extremo de la misma estrategia que supone derivar la carga del sistema sanitario de los impuestos a los usuarios.

¿Es necesario el copago/repago?. 

La medicina socializada de los sistemas nacionales de salud del viejo continente, especialmente Gran Bretaña y España, suponen la asunción en el ámbito sanitario de una vieja máxima: “cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades”. No se trata sólo de una demora en el pago, como en el sistema clásico de seguro de salud privado. Se trata de un sistema de solidaridad y garantía de equidad en derechos tan básicos como la salud. De que contribuya en mayor manera quien más tiene y se beneficie en mayor medida quien más lo necesita.

Cuando se produce un desequilibrio financiero, como en la actual situación de crisis económica, es necesario aumentar los ingresos o reducir los gastos. En una situación comparativa como la española, con un gasto sanitario inferior (tanto per capita como en porcentaje del PIB) a la media europea, un fraude fiscal situado en el doble de los países de nuestro entorno y un esfuerzo contributivo de las grandes fortunas que no llega a la quinta parte de la esperable, no parece justificado defender que las medidas de ajuste se centren exclusivamente en el gasto.

¿Qué se busca con esta medida?

La introducción o el incremento del copago en fármacos, otras prestaciones sanitarias como las prótesis, los complementos nutricionales o el transporte sanitario no urgente, no suponen un mecanismo eficiente de reducción del coste, como reconoce el propio Ministerio en sus informes técnicos, pudiendo fácilmente suponer que el cambio a nivel de infraestructura operativa que requiere el nuevo sistema de copago por nivel de renta, suponga un gasto mayor que el pequeño ahorro generado a la vía impositiva.

La intención es crear la idea de que existe una enorme bolsa de fraude entre pensionistas y extranjeros con el objeto de crear rechazo a un sistema basado en la solidaridad y la equidad.
Parece entonces que la medida, mas que una equivocada herramienta de reequilibrio presupuestario, se trata de una herramienta demagógica dirigida al amplio sector social de rentas medias derivadas del trabajo (que son los que realizan el mayor esfuerzo de financiación de la sanidad pública, ya que las grandes rentas del capital no contribuyen en su parte correspondiente gracias a exenciones, SICAV, paraísos fiscales, fraude fiscal….). Como en el caso de la exclusión sanitaria a los inmigrantes irregulares, la intención es crear en el contribuyente la idea de que existe una enorme bolsa de fraude entre pensionistas y extranjeros con el objetivo último de crear en él un rechazo a mantener un sistema como el actual basado en la solidaridad y la equidad social.

¿Qué consecuencias tendrá?

El sistema de copago supone un riesgo adicional a la simple reducción en el presupuesto sanitario, cargando un mayor peso sobre el sector de la población más desfavorecido. Por mucho que se hagan pequeñas variaciones en el porcentaje de copago en función de la renta, el copago al supone un factor limitante en el uso a las rentas mas bajas. Parece que da igual que desde hace décadas se sepa que es, no sólo mas justo y socialmente ético, sino más eficiente económicamente hacer un esfuerzo público en el seguimiento, la prevención y la adhesión al tratamiento en los grupos sociales más desfavorecidos.

El principal factor limitante al acceso de los fármacos lo supone no el copago en sí, sino un elemento al que se le suele dar escasa trascendencia pero que resulta fundamental en algunos casos. Aunque el copago es un porcentaje, con ligeras variaciones según el nivel de renta, y con un máximo de pago mensual, el usuario deberá adelantar el importe completo de los medicamentos retirados de la farmacia y el estado le reembolsará el importe correspondiente en un plazo máximo establecido de seis meses. Aun asumiendo el cumplimiento de dicho compromiso, algo difícil cuando estamos acostumbrados a los retrasos de años en el pago a proveedores, esta ley convierte al ciudadano por el mero hecho de estar enfermo en prestamista del estado. Pero aparte de lo irregular de dicha medida, resulta que en muchos casos el coste completo de la medicación supone una cantidad excesiva respecto a sus ingresos (algunas veces incluso superior) lo que llevará a muchos ciudadanos, por lo bajo de sus rentas o lo costoso del tratamiento de su enfermedad, simplemente a renunciar a dicho tratamiento.

¿Y en Castilla – la Mancha?

Por sus características demográficas y sociales de baja renta, edad avanzada y dificultad de acceso a los servicios sanitarios, Castilla – la Mancha posee una gran proporción de su población especialmente sensible a las medidas de copago sanitario lo que hace sus efectos especialmente graves aun cuando los porcentajes impuestos sean los mismos que en otras comunidades.

Estas medidas de reducción de la atención sanitaria en el medio rural (amortización de plazas, reducción días de consulta, no cobertura de baja y vacaciones, cierre de puntos de atención continuada…) y de limitación en el acceso al transporte sanitario y a la prescripción farmacéutica provocará sin ningún tipo de duda una clara disminución de la calidad de vida de nuestros mayores, que poco parece importar a quienes manejan la sanidad pública con simples criterios economicistas, y un aumento de la mortalidad, lo que desde este planteamiento es incluso beneficioso (entiéndase el tono irónico). Pero también un aumento de la morbilidad, lo que, aparte del sufrimiento que supone, incrementa en términos netos el gasto realizado.

Entrevista publicada en ATTAC-CLM
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