«El graffiti es ETA»
Se acerca la Semana santa, la única fecha capaz de llevar a los conquenses a ponerse una capucha tapando el rostro y acudir a una manifestación en contra de la tortura y la represión. Con tal motivo el ayuntamiento se afana en publicar en los medios su esfuerzo por limpiar de pintadas la ciudad para “ofrecer al visitante la mejor imagen posible de cuenca durante los días del año en los que más personas nos visitan”
El Ayuntamiento inicia una campaña intensiva de limpieza de pintadas. enlace aquí a la propia web del Ayuntamiento
Una acción que lejos de ir, como pretende publicitar el ayuntamiento, contra el mal gusto y con una finalidad estética, tiene una clara vocación represiva y de silenciamiento social. Porque la dictadura capitalista que bajo un burdo disfraz de democracia representativa y “estado de bienestar” asumimos los ciudadanos de todo occidente no se basa tanto en un control mediante la violencia expresa sino en un control estricto de la libertad de expresión y la información.
El pasado 3 de abril tuvimos la oportunidad de asistir en Cuenca a la charla de Javier Couso sobre la libertad de prensa y el control de los medios de comunicación convertidos sin pudor en herramientas de propaganda. Poco que añadir. Una clara disertación sobre como la transgresión controlada y el derecho a la discrepancia entre las opiniones de la Sexta o de 13tv, entre El País o La Razón, viene regulada dentro de un marco estricto controlado milimétricamente por los mismos dueños y los mismos intereses que hay detrás tanto de los medios “reaccionarios” como de los “progresistas”. La censura directa en estos casos suele ser innecesaria o permitirse el ser sutil, simplemente porque el estricto control económico (privado o institucional) suele ser suficiente para mantener calladas las voces que no ajustan su discurso al oficial.
El Roto
Ejemplos para darnos cuenta de ello tenemos todos los días pero, sin duda, uno de los más flagrantes y descarados lo sufrimos el pasado 22 de mayo con el tratamiento ¿informativo? de las Marchas de la Dignidad, del silenciamiento periodístico de la concentración de dos millones de personas con unas reclamaciones comunes, y el altavoz prestado a unos incidentes violentos organizados y provocados desde la propia Delegación del Gobierno con el claro interés en criminalizar cualquier tipo de protesta frente al Régimen.
Una criminalización programada que les resulta necesaria cuando la gente, ante la imposibilidad de hacerse oir a través de los medios controlados por los “mercados” y las instituciones, recurre a hacerse oír de manera totalmente pacífica pero directa en la calle. Sobra también recurrir a los ejemplos que tenemos día si y día también. Sobra recurrir incluso a las últimas agresiones y detenciones en Madrid (todavía hay dos jóvenes secuestrados por los órganos de represión del Estado por los incidentes del 22M) o el reciente juicio a ciudadanos que intentaron hacerse oír ante el Parlamente catalán. Sobra porque incluso en nuestra ciudad, donde la protesta social raramente va más allá de los comentarios en la barra del bar, seguimos recibiendo durísimas e irregulares sanciones por las tímidas protestas frente a la Cámara de Comercio ante la visita del Director Gerente del SESCAM o frente el Campus universitario ante la visita de la “popular” Dolores de Cospedal. Donde dos compañeros siguen con la amenaza de multas desorbitadas y penas de hasta siete años de prisión por una tímida y pacífica protesta en Cuatro Caminos, precisamente contra la represión sufrida en Barcelona durante la anterior Huelga General. 
Durante dos años, cualquier manifestación que no venga de la mano de CCOO-UGT, los comisarios oficiales del descontento social y encargados de que el desahogo no supere los límites adecuados, es dura y violentamente sofocada, repartiendo palos, detenciones y sanciones ya sea por gritar una consigna o desplegar una pancarta.
Se trata de una estrategia ilegal y antidemocrática de crear miedo a ser golpeado, detenido o sancionado por participar en cualquier manifestación pacífica si las consignas van más allá de las pactadas por los sindicatos del Régimen que busca acallar la voz dolida de la gente en la calle. Gente que, atemorizada por tales amenazas, se autocensura y limita a desahogar su frustración en el más apacible e inocuo mundo de las redes sociales. Sin embargo tampoco esto es permisible para el sistema. Con la burda excusa de la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual de los artistas, el gobierno lleva tiempo detrás de un control estricto de las redes y la información o las opiniones que se comparten por la red. Más aún, la censura y la represión de los gritos virtuales no son ya un futurible. El pasado febrero Alba Camacho, @albacorazonegro, era condenada a un año de cárcel por un comentario en twitter. Un simple ejemplo, pero una clara advertencia.
Ante la censura de cualquier forma de manifestación no ha habido más remedio que recurrir a las camisetas, las pegatinas y las ochentenas chapas para, buscando las más inocentes vías de la mano del diseño y el humor, poder transmitir sin riesgos un breve mensaje de denuncia o de protesta . Ni con esas. Todos conocemos en nuestro entorno amenazas y sanciones en el trabajo por llevar determinada camiseta o poner una pegatina en la taquilla, identificaciones por pretender votar con una camiseta o una pegatina. La semana pasada conocíamos la victoria judicial de la primera profesora sancionada hace ahora tres años por lucir en Vallecas una camiseta verde con un slogan que acabaría siendo el diseño y dando color a la marea en defensa de la educación pública. Sin embargo, numerosas sanciones por el mismo motivo se han producido desde entonces, la última este mismo mes de marzo.
4/4/14. La Justicia da la razón a la primera profesora sancionada por la camiseta verde
Por ello, dada la actual situación de represión total de cualquier forma de manifestación y crítica contra el sistema, parecería que queda el recurso del arte, ese último reducto del espíritu humano para vomitar las bilis de la injusticia.
Hace ya tiempo que el “mercado” del arte está tan deteriorado y corrupto como cualquier otra faceta de este sistema y el mismo concepto de “arte” está en continuo debate. Los garantes del orden no tienen ya ningún reparo en subirse al carro de la postmodernidad y avalar con fondos públicos expresiones que a la mayoría del “público” les cuesta calificar como artísticas. “Expresiones artísticas” poco ortodoxas que sin embargo tienen cabida en los circuitos oficiales siempre que cumplan dos requisitos básicos: ser susceptibles de especulación con la obra en cuestión y que el mensaje de esta no cuestione de manera incómoda el status quo económico y social del sistema que lo acoge. Para garantizar ambos requisitos es necesario un comisario institucional, que como en el casting madrileño para los músicos callejeros, determine qué es arte y qué vandalismo. Porque en todos los ámbitos la única distinción en la consideración entre arte y vandalismo por parte de los gobernantes es la existencia o no de control por su parte.
Tampoco tenemos que irnos muy lejos para entenderlo. Hace poco más de un año un pequeño grupo de “violentos okupas” comenzaban una ardua tarea de rehabilitación del abandonado edificio del sanatorio San Julián, claro ejemplo de las consecuencias del deterioro urbano y vecinal que trajo la especulación inmobiliaria (pero que estas parecen no molestar a nadie). Convirtieron un edificio abandonado, insalubre y claramente peligroso en un CSOA (Centro Social Ocupado y Autogestionado), “El Hospi”, donde, entre muchas otras actividades de claro interés social, se llevaron a cabo conciertos y exposiciones artísticas lejos de los “circuitos comerciales”. Por supuesto un peligroso ejemplo para los jóvenes de bien que dedican sus fines de semana en el hacer botellón en la Plaza de España y que había que desalojar de inmediato no fuese a extenderse. Tres meses de trabajo y sueños. Después desalojo, identificaciones y mentiras de la subdelegación del Gobierno a la prensa sobre supuestos comandos violentos. Nada nuevo. nada que no pase un día tras otro en una u otra ciudad. Ayer mismo la Corrala Utopía en Sevilla y hoy sin ir más lejos la Eskuela taller La Quimera, en Alcorcón.
Poco hay que hablar del control institucional del arte, dispuesto a consentir la transgresión artística, que tan buenos resultados le dio como válvula de escape en la movida de los ochenta, siempre que no ose cuestionar sinceramente los pilares económicos, sociales o religiosos del sistema. No es necesario lanzarse a búsquedas exhaustivas por las hemerotecas. Tenemos muy reciente la condena a dos años de prisión al rapero Pablo Hasel por atreverse a cantar unas letras que iban más allá de querer ser un bote de Colón para ser anunciado por la televisión.
El repaso es breve y escueto, sin intención alguna de exhaustividad (podríamos encontrar decenas de enlaces alusivos cada día), pero ilustra claramente la situación de esa libertad de expresión, tan “constitucional” como la misma monarquía y más antigua que la obligación al pago de la deuda por encima de cualquier otra prioridad. ¿Resulta, entonces, difícil entender que ante esta censura institucionalizada, y más allá de cualquier valoración artística, uno de los pocos lugares donde lanzar un grito de rabia o desconsuelo es una pared vacía donde rápida y anónimamente plasmarla con un bote de pintura? Por supuesto no entra en sus planes dejar el mínimo resquicio y están dispuestos en este caso también a criminalizarlo, censurarlo y eliminarlo.
No tiene mucho sentido entrar a comparar la calidad artística de las obras mostradas en nuestros más prestigiosos museos con las obras callejeras, o comparar de la Feito o Viola con la de Banksy, el madrileño LOSE o el granadino Raúl Ruiz todos ellos noticia reciente por sus problemas con la justicia a cuento de sus obras o sus actos vandálicos.
18/10/13. Policía de Nueva York persigue a Banksy por vandalismo 5/11/13. Detenido por vandalismo uno de los principales grafiteros de Madrid 8/4/14. Juicio por la sanción al grafitero granadino Raúl Ruiz 5/3/12. sancionados en Cuenca por pintadas en varios bancos y la sede del PP
No creo que suscite mayor debate la afirmación de que bajo el nombre de pintada o graffiti podemos encontrar tanto verdaderas obras de arte como auténticas mamarrachadas. Ni más ni menos como en el interior de cualquier museo. Una calidad artística tan heterogénea como, afortunadamente, lo son sus mensajes. Y es este, y no otro, el aspecto clave del rechazo a cualquier expresión de arte urbano sin control institucional. Porque lo que les da miedo no es tanto la libertad artística sino la simple libertad de expresión.
Por eso no se trata de valorar la capacidad artística de quien quiere regalar a los demás su obra sin pretender entrar en el mercado especulador que decide qué es y qué no es arte. Ni se trata de debatir sobre lo acertado o equivocado de una afirmación escrita con mano temblorosa y vísceras encendidas. Se trata simplemente de dejar bien claro que cualquier grito de rebeldía más allá de la barra del bar o los cauces habilitados por el sistema opresor es puro vandalismo, violencia gratuita, terrorismo callejero, kale borroka en su estado más puro.
Podemos estar de acuerdo o no con los deseos expresados en algunas de las pintadas aparecidas en nuestras paredes. Podemos compartirlas, simplemente entenderlas o rechazarlas. Pero plantear la posibilidad o incluso el deseo de la muerte del responsable directo de tanta miseria no es violencia. Violencia es la consecuencia de su cleptomanía, de su corrupción, de su desprecio por la vida y la dignidad de los demás. Es esta violencia, esta sí que real, la única responsable del odio que dicta estos anhelos soñados en una simple pared. El mismo odio, que gracias a su violencia y pese a su férrea censura, acabará impregnando todas las expresiones artísticas.
No se trata por tanto de un debate sobre la legitimidad del uso de un espacio público, pues en tal caso mucho podríamos discutir sobre la proliferación de azulejos, también de dudosa calidad artística, alusivos a la semana santa sobre las fachadas de nuestras calles. Por no hablar de los numerosos vestigios franquistas que siguen ocupando espacios y edificios públicos incumpliendo la ley de memoria histórica y el más mínimo respeto a las víctimas del genocidio fascista.
Y no se trata de mera desidia o desinterés. La decisión de hoy mismo del ayuntamiento popular de Reíllo de retirar las placas de la Calle José Modéjar, exalcalde del municipio, para volver a poner las de El Generalísimo evidencia claramente por qué seguimos teniendo tantos vestigios franquistas en nuestros espacios públicos y ejemplifica muy bien donde deberían estar las líneas rojas de lo que puede o no lucir en nuestras paredes.
7/4/14. El PP de Reíllo vuelve a cambiar el nombre de la calle José Mondéjar por la de Generalísimo
No es tampoco un debate de crítica artística pues tendríamos que entrar también en la calidad de numerosos fondos museísticos que mantenemos con nuestros impuestos o de intervenciones arquitectónicas de mucho mayor impacto y, con frecuencia, incluso de peor gusto. Podríamos también traer el tapete sobre la idoneidad de los mensajes la megacartelería usada con motivo de los festejos taurinos, mucho más hiriente para algunas sensibilidades (no, evidentemente para la que se cree ser la única respetable) y cuya única diferencia es que, esta sí, paga sus debidos tributos a las arcas municipales (aunque luego de las arcas fluyan aun más fondos para financiar dicha cartelería y buena parte del mismo espectáculo en si).
Y no se trata de pura retórica la diferente sensibilidad hacia uno y otro “arte”. El pasado verano dos jóvenes eran detenidos por “customizar” unos carteles taurinos que, estos sí, contaban con el beneplácito de las autoridades. Carteles que cuando lo que transmiten es el rechazo a la privatización de la gestión del agua se convierten en actos sancionables de vandalismo. O que son rápidamente retirados de los puentes cuando el mensaje no es sobre una próxima boda de algún paisano (en cuyo caso permanecen días y días sin suponer ningún “riesgo”). Porque colgar un cartel también es ensuciar, dañar el espacio público y un acto vandálico en si mismo, por supuesto sancionable. Evidentemente dependiendo del mensaje del cartel.
Para el ayuntamiento “las pintadas no son un problema de limpieza, sino de vandalismo” y exigen “tolerancia cero con quienes ensucian así nuestra ciudad”, intensificando los controles policiales contra estos violentos grupos terroristas y animando a los vecinos a la delación.
Y no, no es un problema de limpieza, efectivamente. Pero tampoco de vandalismo. Simplemente de censura institucional a cualquier voz crítica con el sistema, y eso es algo que las persecución y la amenaza de sanciones llevará a realizarlas rápidamente y sin pretensiones artísticas, pero no las evitará. Y el plan de limpieza intensivo llevado a cabo por el ayuntamiento de cara a la semana santa lo único que conseguirá es habilitar nuevos lienzos en blanco donde seguir gritando de forma anónima lo que es delito expresar abiertamente.
Me contaban recientemente de Librilla donde tras pintar de blanco una pared para tapar una determinada pintada, inmediatamente el autor volvió a escribir sobre ella “no hay suficiente pintura blanca en el mundo para tapar vuestras miserias”.
Pueso eso.
La Legra Negra 
17/4/14: El Niño de las Pinturas gana la batalla al Ayuntamiento de Granada http://www.andalucesdiario.es/cultura/el-nino-de-las-pinturas-gana-la-batalla-al-ayuntamiento-de-granada/