Vanas reflexiones sobre los servicios públicos de cara a unas ya perdidas elecciones municipales.

feliz copiaTras el fallido transitar por un proyecto tan fugaz como apasionante fue pensar que podía convertirse en realidad, renuncio completamente a formar parte de cualquier propuesta electoral, local o autonómica. Sin embargo no renuncio al vano intento de compartir, aunque sea por esta modesta vía, unas reflexiones pensadas para la redacción del programa electoral de aquella utopía de municipalismo asambleario, por si alguien quiere apropiarse de ellas e incorporarlas a su propio discurso. En el breve tiempo que duró la aventura Ganemos en Cuenca, alguno de los iluminados que se acercaron al proyecto repetían el tener escondidas grandes propuestas para la ciudad que se resistían a hacer públicas por miedo a que se las copiasen. Sigo sin entender lo retorcido de aquel planteamiento. Ya me gustaría a mi que todos me copiasen mis ideas sobre como debería ser mi ciudad. Dudo mucho que esto ocurra, pero por si acaso, aquí quedan mis vanas reflexiones sobre los servicios públicos municipales:

“Resulta tremendamente difícil, quizá imposible, conseguir una definición mínimamente correcta, consensuada y útil de lo que es un Servicio público. De hecho no está clara ni siquiera su atribución a la administración pública. Así lo considera al menos, aunque muy laxamente, la RAE: “Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad”, pero igualmente considera entre las múltiples acepciones de público, la simple oposición a privado, de donde derivan los conceptos de espacio público, uso público y demás, con los que los mismos académicos llegan a crearse una verdadera confusión. Así, por ejemplo, considera que un montepío es un “establecimiento público particular” y una academia es un “establecimiento docente, público o privado”, pero una escuela es un “establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción”, un banco es un “establecimiento público de crédito” o una taberna, consideran que se trata de un “establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y expenden bebidas y, a veces, se sirven comidas.

Finalmente, como en el concepto de aseos públicos, en castellano la acepción público suele usarse simplemente como antónimo de privado en cuanto a la ausencia de requisitos para el uso de espacios o servicios independientemente de que sean o no gratuitos, de quien los gestione o cual sea su finalidad.

Valgan estos meros ejemplos para entender que el término “público” está muy lejos de ostentar un significado único y claro en nuestro idioma (mucho menos en el mundo anglosajón), por lo que la alusión a la ostentación del título “público” no nos garantiza nada sobre sus características, igual que la “vocación de defensa de lo público”, común a cualquier político de la ideología que sea, tampoco nos permite saber nada sobre su posicionamiento frente a los servicios públicos.

Servicio Público

Nos parece de cierta importancia esta introducción léxica para no caer en la misma absurda reducción que nos encontramos hace dos años cuando el ayuntamiento del PSOE privatizó la gestión del agua de Cuenca. Un argumento tan pobre como decir que dado que la Sociedad Anónima encargada de la gestión tiene la denominación legal de Empresa pública de gestión privada y, por tanto, la palabra pública en su título, no cabía hablar de privatización. Éste es el pobre argumento que tuvo el PSOE conquense frente a un claro incumplimiento de una de sus principales promesas electorales, pero argumentos similares, e igual de pobres, están detrás de la justificación de la privatización y el deterioro continuo sufrido en las últimas décadas por nuestros servicios públicos.

Por ello nos parece interesante detenernos un momento a reflexionar qué entendemos por servicios públicos, en especial por los servicios públicos municipales. La gestión del agua, sin agotar, ni mucho menos, el concepto de servicio público municipal, nos puede ayudar a clarificar algunos conceptos confusos en la gestión de lo público.

Es evidente que en cuanto, y allá donde, el hombre aprendió a vivir en comunidad comenzó un proceso progresivo de especialización del trabajo por el que algunas personas comenzaron a dedicarse a una actividad muy concreta de la que así podía liberarse el resto de la comunidad. Esta especialización pudo llevarse a cabo por la decisión de la comunidad o, al menos, de varios de sus miembros de la conveniencia de encargar tales servicios a una tercera persona en lugar de hacerlos por uno mismo, ya fuese por dureza, por conocimientos, habilidad manual o la causa que fuese. Nacía así un servicio público, una actividad realizada para beneficio o disfrute de otro y no de uno mismo. Un servicio público, en el sentido equívoco que comentábamos de la RAE, no necesariamente asociado a ninguna administración pública. Valga como ejemplo actual de algunos lugares el trabajo del aguador que proporciona un trago de agua fresca a cambio de un precio estipulado.

aguadorPrecisamente la característica habitual de estos, sin duda, servicios públicos, pero incluibles según la terminología actual en la categoría de comercio privado solía y suele ser el cobro por actividad que asume sin reservas que tantas veces como se solicite el servicio tantas veces se procederá al pago del precio acordado y que este solo se dará a quien tenga la capacidad de pagarlo.

La revolución neolítica del 5º milenio a.C. se caracteriza por conseguir el almacenamiento de excedentes agrarios y ganaderos y con ello el aumento del tamaño, la complejidad y la jerarquización de las comunidades humanas. Este crecimiento y desarrollo permitirá que el esfuerzo común pueda converger en abordar proyectos irrealizables para comunidades de menor tamaño. Para gestionarlos surgirá una nueva estructura altamente jerarquizada. Podemos retrotraer a ese momento y al surgimiento de las grandes ciudades neolíticas del Próximo Oriente el concepto de servicio público más cercano a nuestra idea actual por la que la comunidad decidía invertir de manera colectiva un gran esfuerzo a cambio de obtener un rendimiento repartido también entre toda la comunidad. Podríamos ejemplificarlo perfectamente en la construcción de un pozo, un gran aljibe para almacenar el agua de lluvia o un acueducto para traer el agua de manantiales distantes, un dique para frenar avenidas o un sistema urbano de alcantarillado.

Surge así lo que podríamos llamar modelo básico o modelo A de servicio público. El encargo a una institución pública de una inversión para repartir entre los miembros de dicha institución los efectos o beneficios de dicha inversión. Lo normal es que la inversión se costease de manera independiente a las necesidades de cada cual de dicho servicio, mediante los impuestos o diezmos que sustentaban la institución pública y que los derechos se repartiesen de manera equitativa entre todos los beneficiarios. Usemos como ejemplo los anteriores o los derechos de riego de los agricultores valencianos gracias a la compleja red de acequias y canales desarrollados durante los siete siglos de gestión y cultura árabes.

Paul Samuelson

Otra de las características de este primer modelo es el de aquellos servicios urbanísticos difíciles de contabilizar o cobrar en función de su consumo. Para los economistas neoliberales son los únicos que pueden  considerarse como servicios públicos propios. Siguiendo la doctrina neokeynesiana de los años 50 de Paul Samuelson consideran estos los únicos servicios públicos admisibles en una economía de mercado y precisamente por esa característica de imposibilidad de rentabilización. No ya tanto por la dificultad para la cuantificación y tarificación de su consumo sino, literalmente, por la imposibilidad de exclusión de su uso o disfrute a quien no pueda o quiera pagarlo, lo cual implica la inutilidad de fijar precios. Los teóricos del neoliberalismo siguen usando la definición de Samuelson pero no su contenido porque cuando formuló sus doctrinas consideraba incluidos en este grupo la seguridad nacional, la administración de justicia, la protección del medio ambiente y curiosamente (por estar ya privatizados o en proceso de ello en buena parte de occidente) las fuerzas de orden, el desarrollo de pensamiento científico, las telecomunicaciones, el transporte y la energía. Sin embargo para los teóricos neoliberales de las instituciones que controlan en las últimas décadas nuestras vidas no existen servicios o bienes públicos puros que no puedan ser privatizados o comercializados y el objetivo a conseguir es precisamente el permitir la exclusión de un servicio público para de este modo poder rentabilizarlo económicamente mediante facturación directa y su paso a la economía de mercado. Habitualmente ejemplifican como paradigma de este éxito el paso de la televisión tradicional por antena a los servicios de prestación de servicios audiovisuales por cable o codificados que permiten la tarificación personalizada y el cobro por uso gracias precisamente a la posibilidad de exclusión de aquellos usuarios que no quieran o no puedan pagar por el servicio.

Joseph Eugene Stiglitz

En los años 80 autores como Stiglitz establecían una gradación de pureza de los servicios públicos en función precisamente del coste marginal de administrar el servicio a un nuevo individuo y la facilidad o el coste (económico, social o políticos) de exclusión, considerando por aquellas fechas de los 80 todavía la sanidad como paradigma, junto a la seguridad nacional, el servicio contra incendios o los faros costeros, de servicio público con alto coste de privatización por su bajo coste marginal y su alto coste de exclusión.

En fechas actuales, cuando casi todos los servicios considerados entonces genuinamente públicos incluso por los dogmas neoliberales han sido ya vendidos a los mercados, podemos ejemplificar estos serviocios públicos propios o puros, dentro del ámbito municipal, en el mantenimiento de parques y jardines, la limpieza de las calles, el alumbrado, policía y bomberos o, por volver a nuestro tema transversal, las fuentes públicas. Estos servicios de consumo no objetivable y, sobre todo, de bajo coste marginal y sin posibilidad de exclusión, son financiados por impuestos generales que el ayuntamiento recauda bajo otros conceptos genéricos como el impuesto de circulación, de bienes inmuebles, de incremento de valor de terrenos urbanos, de obra y construcción,….

El sistema es perfectamente identificable a la gestión de una comunidad de vecinos donde con las aportaciones por igual de todos los vecinos y los ingresos extras ocasionales de, por ejemplo, una antena de telefonía en la azotea, se financian los servicios comunes y el mantenimiento de los espacios comunes. La principal diferencia es que mientras en una comunidad de vecinos el nivel adquisitivo o patrimonial no suele ser muy dispar, en cualquier municipio sí lo es y mientras hay vecinos con un enorme patrimonio hay otros en situación de exclusión social. Incluso los que no quieren hablar de izquierda y derecha pueden entender que en tal situación hay dos abordajes de la gestión muy diferentes según se usen o no esos servicios comunes para disminuir esas diferencias o todo lo contrario.

Depende únicamente de la voluntad del gestor el aplicar unos impuestos municipales progresivos para dotar los barrios más desfavorecidos con mejores servicios o, como tristemente es lo habitual, premiar a los más favorecidos con exenciones y destinar el presupuesto municipal a soltar reses o nazarenos por las calles o a grandes despliegues de ornamentos e iluminación en las calles más céntricas y comerciales para “impulsar” el desarrollo económico de la ciudad mientras que los barrios más empobrecidos y marginados no cuentan con una iluminación o limpieza básicas.

Las diferencias entre uno y otro planteamiento, usemos la dualidad izquierda-derecha o cualquier otra terminología, son mayores aún cuando abordamos un segundo modelo o modelo B de servicio público, aquel que hemos visto que la doctrina neoliberal considera servicio público “impuro”. Servicios públicos en los que puede cuantificarse perfectamente el grado individual de uso del servicio y, por tanto, se puede facturar, si así desea, al vecino en función del uso que haga de dicho servicio. Pero, sobre todo, servicios que permiten sin gran coste la exclusión del servicio a quien no quiera o no pueda pagarlo. Tales servicios públicos según la doctrina neoliberal son simplemente una intromisión inaceptable de las instituciones en el libre mercado y todos ellos deberían ser cedidos a la iniciativa privada. Mantenerlos o no bajo control y responsabilidad de alguna administración es simplemente una decisión política. Pero incluso manteniéndose bajo titularidad pública existirán, y en mayor medida, las diferencias comentadas entre políticas redistributiva o empobrecedoras y estas se manifestarán en función del grado de subvención y solidaridad del servicio público en cuestión.

En un extremo tenemos los servicios autofinanciados en su totalidad y cuyo acceso se limita al que pueda costearlos completamente. Es el modelo buscado por el cambio de legislación municipal y por el TTIP ya que es el que más se adapta a las normas del mercado y al modelo neoliberal, normalmente como paso previo a su definitiva privatización. Así mismo es el único modelo de servicio público en el que posiblemente se cumpla ese falso axioma de que la eficiencia en la gestión es mejor en la empresa privada que en los servicios públicos. Por eso mismo es un modelo casi inexistente en nuestra realidad y precisamente es casi el único modelo permitido por la nueva ley que regula las competencias de las administraciones locales.

El principal motivo para que resulte interesante un servicio público de este segundo modelo de pago por uso es el concepto de coste solidario. Un término, coste solidario, que, sin embargo, no significa que vaya unido a unas condiciones de mayor justicia social. Se trata de uniformizar el precio unitario de acceso pese a que los costes de provisión del servicio sean diferentes, ya sea por distancia geográfica, distinta accesibilidad, o la causa que sea. Es un concepto poco revolucionario. El mismo que sustenta en el mercado las tarifas planas o los buffets libres. Como empresa cobro lo mismo a todos los clientes aunque dar el servicio a unos o a otros me suponga un coste distinto. Es el que permite a nivel estatal dotar de servicios básicos a las zonas rurales cuando estos servicios no se han privatizado. Llevar electricidad, telefonía, internet o mensajería, por poner algunos ejemplos, a un pequeño pueblo de la Serranía es mucho más costoso que hacerlo a un barrio de Madrid. Sin embargo si parte de los beneficios de las zonas menos costosas los destino a dar un servicio no rentable en lugares más alejados, puedo mantener un servicio universal con una misma tarifa para todos ellos. Lo mismo ocurre con la educación o la sanidad. Y no sólo con la accesibilidad o las distancias. La atención sanitaria en áreas obreras o deprimidas o de población más envejecida será más costosa por atender a población con mayores problemas de salud. La educación en poblaciones inmigrantes o con mayor índice de desestructuración o precarización necesitará de un mayor esfuerzo. Por ello todos estos servicios, correos, telefonía, energía, educación o sanidad, pese a la posibilidad de exclusión del servicio, incluso los dogmaticos neoliberales de los años 50 y 60 consideraban excesivo el coste social de dicha exclusión y los consideraban servicios públicos puros o genuinos.

Pero para que este sistema solidario funcione es preciso que parta de un monopolio, ya sea natural o legal. Si el sometimiento a las doctrinas neoliberales obliga a los servicios públicos a actuar en libre competencia con servicios privados el sistema se hará más pronto que tarde insostenible. Si a la población joven y sana se le permite optar por seguros privados pero cuando envejece o sufre enfermedades crónicas o costosas se la obliga a acudir al sistema público. Si a la población infantil con mayores necesidades y problemas de aprendizaje se la concentra en los centros públicos. Si se potencia la mensajería privada en grandes ciudades y se limita el servicio de Correos a la población rural dispersa. Si se niega la posibilidad de un monopolio sea cual sea el ámbito la prestación pública acaba siendo más costosa que la privada y acaba desapareciendo, dejando sin servicio a la población con mayor dificultad para acceder al servicio a precio de mercado, o suponiendo un coste inasumible para las arcas públicas.

No es éste un problema que suela afectar a los servicios municipales y, si acaso el mejor ejemplo puede ser, si se da la decisión política de su autofinanciación, el del transporte público, ya que las líneas que circulan por el centro urbano son lógicamente más rentables mientras que las que dan servicio a la periferia, siendo más necesarias, requieren un mayor coste por ir asociados a menor densidad de uso y mayores distancias. Si, como en algunos ayuntamientos se pretende, el servicio municipal de autobuses no debe impedir un servicio privado en libre competencia, las líneas privadas acabarán prestando un servicio de mayor calidad y menor precio pero sólo en las áreas “rentables” y el servicio público acabará deteriorándose y endeudándose.

El planteamiento desde ámbitos conservadores que abogan por el adelgazamiento de las administraciones y la casi desaparición de los servicios públicos, especialmente los municipales, suele ser que “quizá no sea necesario ni sostenible mantener escuelas municipales de hípica o de pádel”. Y, aparte de lo que esconde detrás la exageración, pueda que tengan razón. En cualquier caso habrá que valorar cuidadosa y detenidamente cual es la capacidad económica del ayuntamiento (y con pequeñas medidas puede aumentar enormemente) y cuales son las necesidades para priorizarlas. Podremos determinar que es importante tener dichas escuelas o que no, porque efectivamente algunos de los servicios municipales esconden simplemente una subvención o un pago injustificado a profesionales o empresarios afines al partido de turno que serían incapaces de mantener un servicio similar en condiciones de mercado. Pero en cualquier caso, si la decisión política fuese la necesidad de mantener abierto el servicio, la prestación debería necesariamente cubrirse completamente con el pago por servicio de los usuarios o ser necesariamente gratuita.

Ese es el otro aspecto medicina privadadecisivo a la hora de gestionar este modelo “impuro” de servicios públicos: el de las subvenciones y los copagos, ambas, caras opuestas de una misma moneda.

Independientemente del grado de solidaridad que hemos visto, el servicio en cuestión puede ser autofinanciado o subvencionado por la administración y financiado por vía impositiva, es decir, por todos, independientemente de que usemos o no el servicio y con la progresividad que políticamente el gobernante decida. El único sentido de tales servicios es la doctrina del francés Louis Blanc (asumida después por marxistas y trotskistas y contraria a la meritocracia de algunos regímenes comunistas), que reza “de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades”.

Porque, insistimos en un axioma que parece revolucionario por infrecuente pero que es de puro sentido común, lo que no puede asumirse en un servicio no autofinanciado es el copago. El motivo es muy sencillo y evidente. Con el esfuerzo contributivo de todos estamos pagando parte de dicho servicio a aquellos que pueden costearse la tasa por el servicio pero estamos excluyendo de él (y en eso consiste, ya lo vimos, la exigencia de pago) a quien no puede hacerlo. Pero además ese vecino que no puede pagar el copago establecido mediante otros tipos de impuestos indirectos costea dicho servicio, un servicio al que no pueden acceder.

Así nos encontramos con que familias en absoluta situación de pobreza y precarización están contribuyendo con un gran esfuerzo mediante el IBI, el impuesto de circulación o la factura del agua a que las familias más pudientes ahorren en su bono a un centro de deporte y spá que ellas mismas no se pueden permitir. Esa tremenda perversión administrativa tristemente cada vez más extendida que consiste en derivar riqueza de las clases pobres a las ricas.

Y esa negativa a los copagos o las subvenciones parciales de los servicios públicos debería ser una actitud axiomática. Ya vimos que un servicio público puede ser autofinanciado o no. Si lo es, por ser un monopolio solidario, en cuyo caso el pago por servicio (que no copago) es lógico, habrá que abordar la posibilidad de subvención a familias sin recursos para permitirles el acceso, pero éste será un tema distinto, asimilable, si acaso, a una renta de inserción mediante remuneración en especie o servicios. En estos casos estamos asumiendo, a la vez que avalando, la posibilidad de exclusión del servicio y como colectivo nos hacemos cargo del coste marginal a cambio de la aceptación por parte del usuario del rol de “necesitado” y “dependiente”. Un asunto, el del asistencialismo y la beneficencia municipal que bien aconsejan una reflexión aparte.

Por el contrario, si no es así, si no se trata de un servicio autofinanciado, deberíamos muy seriamente plantear y debatir si dicho servicio es necesario para una parte concreta de la población y no puede ser asumida por un sistema de mercado y, si es así, el acceso al servicio debería ser SIEMPRE y para todos los usuarios gratuito. Y ello es aplicable a casos que en principio, por su frecuencia, pueden parecernos en un primer análisis, absolutamente lógicos y legítimos, como podría ser la implantación de guarderías en barrios obreros o periféricos, la subvención de la oferta cultural para facilitar su acceso: teatro, conciertos, ópera,… el precio del billete de autobús o todo lo que consideramos de forma genérica servicios subvencionados.

Este último extremo, se basaría simplemente en invertir el sentido de la liberalización progresivo de los servicios públicos al considerar, simplemente, como socialmente inasumible, la exclusión de estos determinados servicios a quien no quiera o no pueda pagarlos.

El tercer modelo o modelo C de servicio público se diferencia de los anteriores en que el mantenimiento del servicio en vez de suponer un coste para las arcas de la institución supone una fuente de ingresos. Y esta característica depende precisamente de la posibilidad de monopolio que comentábamos antes. Y es que pese a la conveniencia del modelo monopolístico para el sostenimiento de determinados servicios, con excesiva frecuencia se suele caer en pasar del sostenimiento solidario a convertirlo en fuente de ingresos del consistorio para su derivación a otros gastos. La posibilidad de convertir un servicio público en una fuente de ingresos radica precisamente de forma exclusiva en esa característica de monopolio, natural o simplemente legal.

Con este procedimiento el sujeto al que se le retraen tales ingresos vuelve a ser, no puede ser otro, el ciudadano. Pero en el caso de los municipios el ciudadano que hace la aportación extraordinaria a las arcas municipales puede ser el visitante o el local. En el primer caso puede tener cierta aceptación pues es un medio de que los beneficios del turismo, la única industria de nuestra localidad, no se queden en los empresarios de la hostelería y se distribuyan en mayor medida entre todos los vecinos. En el segundo requiere de un debate abierto y en profundidad entre todos los vecinos pues pueden utilizarse, como hemos comentado repetidamente, en un instrumento de redistribución de la riqueza a nivel local de las clases pudientes a las necesitadas o, como es lo habitual, un mecanismo perverso de derivación de riqueza de las clases bajas a las superiores.

Este uso recaudatorio en base a una posesión monopolística es variada y a menudo se basa simplemente en un “monopolio de la capacidad de regular”. Así, como ocurre a nivel estatal con las farmacias, los estancos o las autopistas de peaje, la administración regula una actividad simplemente con el fin de recaudar por una licencia de actividad como, en el caso municipal, la licencia de taxis.
Un ingreso mínimo (50.000€ por licencia) que, a cambio supone un tremendo mercado especulativo que incrementa los costes del servicio y empeora las condiciones laborales de los conductores para que algunos puedan enriquecerse con la compraventa y el alquiler de licencias.
Unos ingresos que además hipotecan a la administración frente a presiones del gremio contra los acuerdos entre individuos para compartir vehículo o, en el caso de Cuenca, frente a un horario mínimamente sensato de la línea del autobús a la estación del AVE o la gratuidad de su parking.

Otras veces el ingreso se fundamenta en el monopolio del espacio público, como las licencias para las terrazas de bares y cafeterías o para la venta ambulante en el mercadillo semanal o en el recinto ferial de San Julián, dándose la paradoja que el ayuntamiento llega a financiar con sumas importantes a grandes empresas para “facilitarles la viabilidad de su negocio y estimular la creación de puestos de trabajo en la ciudad” a costa de las licencias cobradas a los vendedores ambulantes como si esta actividad aportase en menor medida al empleo y la creación de riqueza que la llevada a cabo por grandes empresarios.

En otras ocasiones se recurre al uso intermediario de una empresa externa que gestiona así la presión impositiva al ciudadano, suponiendo con frecuencia un volumen de negocio el de dicha gestión superior incluso a la cantidad recaudada por el ayuntamiento, como es el caso de la explotación de nuevo del monopolio del espacio público mediante el sistema de la O.R.A. o lleva a continuos conflictos y deterioros de propiedades vecinales como la concesión para su explotación del mesón de las Casas Colgadas, del Camping municipal, de los cines, etc, etc. Evidentemente el modelo de privatización de los servicios públicos no se limita a este modelo de privatización de la gestión de los servicios “rentables” o encargados de la transferencia de dinero del ciudadano (local o visitante) a la administración, a cambio del pago de una licencia o un canon. Los otros dos modelos anteriores también pueden ser privatizados interponiendo una empresa privada entre la financiación del servicio y su prestación. De hecho cualquier modelo que suponga la interposición en la prestación de cualquier servicio financiado por el ayuntamiento de una persona o grupo de ellas cuyos beneficios dependan de la gestión de dicho servicio, algo que debería ser siempre asumido por los representantes elegidos democráticamente o el personal funcionario elegido por los correspondientes principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad supone una merma inaceptable en el funcionamiento democrático de la institución pública y en sus arcas.

image-10Pero el caso más dramático y paradigmático de la injusticia social llevada al extremo desde la gestión municipal puede constituirlo, volviendo al ejemplo propuesto al inicio, el de la privatización de la gestión del ciclo integral del agua. Una privatización de la gestión que no supone una derivación de dinero público a beneficios empresariales como en algunos de los ejemplos anteriores (desde la O.R.A. hasta la concesión de autobuses urbanos) sino un cambio legislativo para conseguir ese traspaso de rentas de las capas bajas a las altas a costa precisamente de algo tan básico y necesario como el acceso al agua potable y al saneamiento. Un cambio en el modelo de gestión (de pública a privada) que precisamente lo que permite es abandonar un modelo B de monopolio solidario en el que el cobro por tasas municipales lo convertía en un servicio autofinanciado que imposibilitaba legalmente (aunque ilegalmente se haya estado haciendo durante décadas) la derivación de los ingresos por el consumo de agua potable a otras partidas que no fuesen la mejora y el mantenimiento de la red de agua y alcantarillado. El modelo al que se pasa con la privatización de la gestión es un modelo C de explotación de recursos monopolísticos que con su sistema de precios privados permite la financiación de cualquier partida del ayuntamiento con la factura cobrada a las familias conquenses (a todas, incluso a ese más de un 30% que según un informe reciente de Caritas diocesana se encuentra en situación de pobreza) por un derecho humano como es el acceso al agua potable y a una red de saneamiento. Un dinero destinado, por ejemplo, a reducir el costo de clubes “exclusivos” como Termalia o el Club de tenis o para mantener sumisa a la prensa local mediante colaboraciones, financiaciones o cuñas publicitarias de la Sociedad Anónima Aguas de Cuenca.Aguas Usureras de Cuenca

Por todo lo anterior, el debate sobre los servicios públicos municipales necesita huir e ir mucho más allá del simple y traicionero debate de “público vs privado” o del “costoso vs asumible” e incluso del cálculo electoralista de número de votos por euro invertido tan utilizado en la despreciable manera tradicional de hacer política y abordar con profundidad y rigor los modelos de servicios públicos que Cuenca y las conquenses necesitamos.

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