El pasado 10 de junio los compañeros de CGT organizaron una mesa redonda sobre el desmantelamiento de la sanidad pública a la que amablemente me invitaron junto a compañeros de la RAAS (Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad) de Villarrobledo y San Clemente y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca.
El debate que allí tuvimos puede calificarse, cuando menos, de curioso. Tras un (solo) aparente ambiente de entendimiento y de demanda de coordinación; mientras los compañeros de la Mancha nos relataban como están empezando a resurgir las movilizaciones tras haber abandonado la incómoda e interesada presencia del PSOE en las iniciales plataformas locales, los miembros de la residual Plataforma conquense hacían gala de haber podido expulsar a los que, según sus palabras, “les criticaban por permitir al PSOE utilizar la Plataforma en su propio beneficio”; por permitir que las concentraciones se convirtiesen en púlpito electoral de cargos socialistas o por impedir cualquier crítica al explícito apoyo del alcalde socialista al modelo de financiación privada del hospital de Cuenca.
Quizá hoy ya entiendan mis antiguos compañeros de plataforma que la apuesta del PSOE por los servicios públicos es como sus hondas raíces republicanas. Algo así como los principios de Groucho Marx. Una actitud que me explicó muy bien (desde las hondas raíces feministas del PSOE) un alto cargo del SESCAM cuando les comuniqué mi decisión de renunciar al cargo de Director Médico del Hospital. Ante mis críticas a los diversos procedimientos de privatización de la asistencia sanitaria que estaban llevando a cabo, su contestación literal fue: “la privada es como la amante con la que nos gastamos bastante dinero, pero en el fondo a la que queremos es a la pública”. Una explicación muy clara de sus hondas convicciones y de la situación actual, en la que a la amante caprichosa ya no le es suficiente ser “la otra”.
Quizá ahora ya lo hayan entendido dado lo bien que lo han explicado los propios socialistas: que una cosa son los principios y otra la coherencia con ellos cuando se han adquirido otros “compromisos”. Quizá ahora lo entiendan. Quizá no. No es que en su momento pudiera haber muchas dudas al respecto. Y aún así todos corearon el día, que, como con el SESCAM, renuncié a seguir trabajando en cierta compañía tan obligada a sus intereses, que “preferían trabajar con el PSOE que con radicales”.
Sin embargo, no ser radical y no ir a la raíz del asunto quedándose en la eterna coyunturalidad (no era entonces, por lo visto, momento de discutir sobre modelos de financiación) conlleva caer en la trampa que nos venden los medios de manipulación de la mano de los dos grandes partidos que apuntalan la actual estafa. Según el Partido Popular los actuales recortes en las prestaciones sanitarias son obligados por la situación de ruina y colapso heredada de la gestión socialista y tras las drásticas medidas de recorte en el gasto público y la exploración de nuevas vías de colaboración público-privada, volveremos a recuperar una sanidad pública de calidad, porque, en el fondo, como me contaba el alto cargo “socialista”, “es a la que quieren”. Del otro lado el PSOE nos intenta convencer que todas las medidas de privatización y recortes en la sanidad y resto de servicios públicos son exclusividad del PP y que en cuanto los ciudadanos les ayuden a retomar el poder volveremos a la maravillosa gestión anterior, como si no pudiesen entender (quizá desde el 25M puedan estar empezando a hacerlo) que no es eso lo que la ciudadanía reclama.
Claro que para huir de esa trampa bifaz y entender la situación real es necesario echar la vista atrás sin prejuicios e ir a la raíz. Es necesario ser radical. Porque nada más falso que el pensar que el brutal desmantelamiento y venta de la sanidad pública de los últimos años sea sólo fruto de la mala gestión de una situación coyuntural de crisis financiera. Muy lejos de ello, es tan solo el sprint definitivo de un programa a largo plazo, planificado y desarrollado punto por punto, tanto por uno como por otro, desde hace ya casi tres décadas.
Son muchos los libros y artículos publicados explicando las causas ocultas de esta estafa disfrazada de crisis. Pero, como es habitual, resulta aún más clarificador acudir a las propias fuentes. Y en este caso nada más esclarecedor para quien quiera ser radical y entender la raiz del problema y de la situación actual que leer el propio informe del banco Mundial que establecía, paso a paso, el camino a seguir, en su “Informe sobre la financiación de los servicios sanitarios”, publicado en 1987. O su complemento, el Acuerdo general de comercio de servicios”, auspiciado en 1994 por la Organización Mundial del Comercio (http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm), dedicado, literalmente, a “la liberación progresiva del sector de los servicios”. O, quien no quiera directamente bucear en tales documentos, un breve resumen, tampoco reciente, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública: (http://www.nodo50.org/fadsp/pdf/PFI.pdf)
Realmente el plan no es complejo y se agrupa en tres grandes pasos: 1. Fragmentación, 2. Liberalización del sector y 3. Desmantelamiento del “monopolio” estatal.
El primero de ellos, la fragmentación del Sistema Nacional de Salud en 17 sistemas de salud autónomos, se legisló ya en 1986. Aunque algunos territorios como Cataluña y Andalucía se habían adelantado incluso a esa fecha en la asunción de las competencias sanitarias, el proceso de fragmentación no se completó hasta quince años más tarde, por la reticencia de numerosas comunidades a asumir dichas competencias. Acabar con dicha oposición supuso la necesidad de infusión de grandes cantidades de dinero durante esos años, lo que permitió a las Comunidades hacer su agosto político y vender dicha inversión como fruto de las ventajas que suponía el nuevo modelo. Sin embargo, en vez de basar dicho dinero en un programa de salud a largo plazo mayoritariamente fue destinado al boom del ladrillo, con la construcción de nuevos hospitales y centros de Salud sin más criterio que el electoralista.
El segundo de los pasos, la separación entre financiación y provisión de servicios y la permeabilización de la provisión de servicios al sector privado, se ejecutó incluso antes de haber finalizado el primero, y se llevó a cabo mediante la tristemente conocida Ley 15/97 “sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema nacional de Salud” aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, PNV y CC. La puesta en marcha de esta ley comenzó con el ensayo de las Fundaciones sanitarias o Empresas públicas acogidas a gestión privada. Con este nuevo modelo se daba sentido a la farsa contable ideada en el Tratado de Maastritch en 1992 según el cual el gasto público de cada país no superaría el 3% del PIB ni el endeudamiento público sería superior al 60%, pero no se consideraría endeudamiento público “el contraído por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con dinero público, o por servicios contraídos por el sistema público con empresas privadas”. Por otro lado se introducía la gestión economista que privaba la eficiencia contable y presupuestaria a corto plazo frente a la clínica o sanitaria. Este nuevo modelo de Fundaciones o Empresas públicas acogidas a gestión privada (el modelo que ahora sigue sirviendo de paso intermedio en la privatización de la gestión del agua) fue rápidamente acogido tanto por el PP como por el PSOE, PNV, CiU, ERC o IU allá donde cada uno tenía competencias. Su objetivo no era otro que la introducción de los criterios economicistas en la gestión sanitaria de todo el sistema (El SESCAM, por ejemplo, aunque no creó ninguna de estas Fundaciones, rápidamente privatizó toda la tarea de evaluación, valoración de memorias anuales o programación sanitaria, basada, evidentemente, en dichos criterios puramente mercantilistas) así como facilitar la derivación a los intereses privados de esas unidades de mercado ya fácilmente facturables. En pocos años ese ariete de las empresas públicas acogidas a gestión privada abrió el melón de la participación privada en la provisión de servicios, siendo acogida en sus múltiples formas posibles (conciertos periódicos de servicios sanitarios, concesión de servicios no sanitarios, gestión privada de los centros mediante canon anual, financiación privada de la inversión inicial a cambio de concesiones largo plazo,…), todos ellos con los mismos nefastos resultados de incremento del coste y disminución de la calidad, pero abrazados con gran fe en su momento por todos los partidos, incluida IU haya donde tenía responsabilidades de gobierno, como en los tripartitos “de izquierda” de Cataluña o Baleares.
Una vez superada la fase de introducción del sector privado en la provisión de servicios mediante múltiples fórmulas, llegó el momento de la tercera fase, que no es otra que el debilitamiento de lo que el dogma neoliberal considera monopolio o competencia desleal estatal. Y en esas estamos, con la impagable coartada de la crisis financiera internacional, desde la segunda legislatura de Zapatero, cumpliendo uno por uno los puntos marcados desde el banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio: supresión de la universalidad de la asistencia pública y gratuita, restricción de la cartera de servicios, introducción (o ampliación) del copago y reducción del número de camas y personal sanitario. Estas son las consecuencias que sufren en sus propias carnes (y no solo en sentido metafórico) los ciudadanos que tienen más conocimientos macroeconómicos que las explicaciones del telediario sobre las variaciones de la prima de riesgo o las cotizaciones del Ibex35. Pero quedarnos en ellas desde los movimientos sociales en defensa de la sanidad pública, explotarlas para conseguir sacar gente a la calle exigiendo un hospital o un centro de salud más grande y nuevo que el del vecino, sin ir a la raiz, sin ser radical, sin centrase en un esfuerzo pedagógico por hacer entender todo el proceso, tanto el camino recorrido como por el que nos quieren llevar, supone un tremendo error estratégico.
Porque el plan marcado por las élites especulativas internacionales en los años 80 no se queda ni mucho menos aquí. Tan absurdo es pensar que el fin de la crisis o el del gobierno del PP permitirán un retorno en el camino emprendido, como lo es pensar que estamos al final de dicho camino. El objetivo, marcado explícitamente hace casi tres décadas, es convertir la asistencia sanitaria del viejo continente en un modelo de mercado absolutamente liberalizado similar al estadounidense, y para ello es necesario acabar definitivamente no sólo con ese “monopolio” estatal (que realmente nunca ha existido) sino con cualquier participación pública en el juego del monopoly sanitario que la doctrina neoliberal considera incompatible con el libre mercado, no sólo en la provisión de servicios sino también en su financiación. El objetivo no es otro que el Sistema Nacional de Salud sea simplemente un finaciador más de servicios, en igualdad de competencia con los demás, y, a lo sumo, un proveedor de servicios de beneficencia para quienes en cualquier caso no son potenciales clientes de la red privada. Y para ello se lleva gestando a nivel supranacional, en absolutamente secretismo y de la forma más opaca y antidemocrática posible, la legislación que lo haga posible. Ésta no es otra que el llamado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el desgraciadamente poco conocido TTPI. Este acuerdo que básicamente busca la supresión de cualquier traba estatal o barrera normativa que dificulte el libre acceso de los grandes grupos de presión empresariales transnacionales a un mercado de servicios, incluidos los sanitarios, del que debe desaparecer cualquier intervención estatal. La estructura política al servicio incondicional de los poderes financieros, consciente de la grave amenaza que supone para los derechos sociales y laborales de los ciudadanos a los que supuestamente deberían representar y cuya aquiescencia necesitan, ha puesto en marcha un proceso de negociación rápido y absolutamente secreto desde hace poco más de un año mediante ese órgano tan costoso, oscuro y poco democrático que es la Comisión Europea. El pasado 7 de mayo Izquierda Plural solicitó en el Congreso la oposición a tal tratado y la puesta en marcha de un Referendum en el que se informase a la ciudadanía del trasfondo y las consecuencias de dicho tratado y expresase su opinión al respecto. La respuesta, como no cabría esperar de otro modo, fue la negativa rotunda de PP, PNV y, como no, UPyD y PSOE.
Poco cabe añadir a la eterna actitud del PSOE que no sea reincidir en esa crítica, tan sentida por los ex-compañeros de la Plataforma de Cuenca, a la colaboración y la aceptación de jugar con sus cartas marcadas, con los “compañeros” socialistas en la defensa real de la sanidad pública. En caso de no conseguir frenar la firma del TTPI, en cuyo apoyo están tan volcados los republicanos socialistas como en el de la monarquía, estará todo perdido. La sanidad pública, como algunos la concebimos, estará herida de muerte y rápidamente incinerada en el altar de los mercados.
Salvo que se refunde el PSOE o España vuelva a ganar el mundial, eso sí.
La Legra Negra 